La Dictadura Militar y el Juicio de la Historia

LA DICTADURA MILITAR Y EL JUICIO DE LA HISTORIA

Tercer Manifiesto de Historiadores para informarte con lujo y detalles

 

I ¿Qué es el Juicio de la Historia?

Ante la muerte de Augusto Pinochet, numerosas personalidades públicas y medios de comunicación han declarado que la evaluación definitiva de su persona y su dictadura la hará el Juicio de la Historia. La mayoría de los seguidores de Pinochet, por ejemplo, piensan que ese juicio debe basarse en el óptimo estado actual de la economía chilena, lo que prueba la grandeza de su obra. Para la mayoría de sus víctimas y detractores, en cambio, ese juicio no puede sino fundarse en los crímenes, robos y abusos perpetrados por su dictadura, lo que prueba el origen deleznable del sistema que dejó en herencia.

Lo que resulta evidente, es que su dictadura dividió una vez más a la sociedad chilena en ganadores (beneficiados por ella) y perdedores (las víctimas y los perjudicados por el mercado). También es evidente que el Juicio Histórico posterior a eso no puede sino estar dividido. ¿Puede el Juicio de la Historia escindirse en perspectivas contrapuestas? ¿Puede ser un factor que reproduce el conflicto? ¿Qué es y cómo debe ser un real y legítimo Juicio de la Historia?

Es lógico pensar que, si la historia la hacen los hombres y las mujeres, la rectificación de los procesos históricos que se tornan anómalos y conflictivos la tienen que realizar los mismos hombres y mujeres. Pero ¿de qué modo? Desde luego: todos ellos, pero no divididos en ganadores (endémicos) y en perdedores (de siempre), sino en comunidad. Es decir: como ciudadanía en actitud de ejercer colectivamente su Poder Constituyente. De ser así, se deriva de eso que, si la mayoría de los chilenos está invocando el Juicio de la Historia, el único modo legítimo y racional de llevarlo a cabo es recuperando el principio supremo de la soberanía ciudadana. Recuperación que es factible cuando el mismo proceso histórico que se vive va en esa dirección.

Si se observa el comportamiento mayoritario de la ciudadanía chilena en las últimas décadas, queda a la vista el perfil del “juicio histórico” que ella misma ha estado desarrollando, fase a fase, desde 1983:

a) resistencia civil activa contra la dictadura militar, la que se expresó en las 22 jornadas nacionales de protesta que estallaron entre 1983 y 1987, las cuales aumentaron su radicalidad a contrapelo de la agudización correlativa de la violencia represora;

b) resistencia civil pasiva contra la democracia neoliberal heredada de la dictadura, la que se ha expresado y se expresa, por ejemplo, en la amplia reticencia juvenil a participar en “la” política formal (2.000.000 de jóvenes no inscritos en los registros electorales) y en la falta de credibilidad en las instituciones del Estado y en las clases políticas que confiesa el 90 % de los chilenos, según encuestas;

c) presión civil permanente para que se establezca la verdad y se haga justicia sobre las violaciones perpetradas por la dictadura contra los derechos humanos, la que se ha mantenido por décadas, hasta forzar a los Tribunales del país a hacerse cargo de más de 400 acusaciones formales contra Augusto Pinochet, sobre todo después de las acciones emprendidas por la justicia internacional (en España, Inglaterra y Estados Unidos);

d) motivación continua hacia los trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos comunitarios, antropólogos e historiadores, a objeto de que éstos lleven a cabo un “balance crítico” de la Dictadura y del sistema institucional que dejó en herencia; un “diagnóstico histórico, sociológico y político” de las tendencias profundas que marcan actualmente las opiniones y actitudes de la ciudadanía, y una “acción social-educativa” (en rigor, auto-educativa) que permita potenciar y desarrollar el protagonismo histórico y político de la ciudadanía;

e) promoción de movimientos ciudadanos, tanto de protesta como de propuesta, tendientes los primeros a invalidar el orden institucional impuesto por la Constitución de 1980, y los segundos, a ejercer de modo progresivo el Poder Constituyente (su soberanía) para construir cívicamente un tipo más justo de Sociedad, de Estado y de Mercado (el caso de los estudiantes secundarios, el del pueblo mapuche, el de los deudores habitacionales y el de las protestas de los usuarios del Transantiago son sólo los más recientes); Los pasos que ha estado dando espontáneamente la mayoría de la sociedad civil chilena configuran una transición ciudadana (“Juicio Histórico”) de transparente contenido socio-cultural, pero con proyección histórica y política. Si se pretende ahora formalizar un real Juicio Histórico y se asume en serio el principio supremo de la soberanía ciudadana, entonces esta transición –real, pero ignorada por muchos– expresa ya gran parte de lo que deberá ser ese Juicio y la orientación que deberá asumir su Poder Constituyente. Una mínima conciencia cívica obliga a reflexionar sobre lo que implica esa transición y a desarrollar un compromiso ético y político con la gran tarea colectiva de llevar a cabo un verdadero y legítimo Juicio Histórico.

Los historiadores, intelectuales y gestores sociales que suscriben, que han sido motivados desde hace décadas a colaborar con la transición ciudadana, queremos manifestar hoy –cuando todos los sectores invocan el Juicio de la Historia– lo que nuestras disciplinas científicas y prácticas sociales pueden y deben aportar a la adecuada consumación de ese Juicio.

II De la mitificación de Augusto Pinochet y de “su” obra

Desde el siglo XIX, el Ejército y las Fuerzas Armadas nacionales han intervenido con violencia en los procesos y conflictos ciudadanos, pero no para construir una síntesis superior del conjunto de la comunidad nacional, sino para poner todo su poder de fuego en apoyo de uno de los bandos en pugna, y poner en aplastante derrota al bando opositor. Es lo que hizo en 1830 el Ejército comandado por Joaquín Prieto y financiado por los mercaderes de Diego Portales: desterró, encarceló, exoneró, fusiló y descuartizó a los pipiolos, demócratas y federalistas (que habían obtenido en todas las elecciones, según Diego Barros Arana, sobre 60 % de los votos computados), y protegió la construcción de un Estado oligárquico, autoritario, librecambista y socialmente excluyente, el que, favorecido por nuevas intervenciones de la fuerza militar (contra ciertas facciones políticas o contra el movimiento obrero) logró ser mantenido, con leves cambios, hasta 1925. Así se cubrió de soluciones militares la historia de Chile: en 1837 contra los sublevados que intentaron poner fin al régimen autoritario de Portales; en 1851 y 1859 contra los liberales que se levantaron en armas contra los herederos de ese mismo poder conservador; en 1891 mediante el alzamiento de la Armada contra el Presidente Balmaceda que dio origen a una guerra civil con una secuela de miles de muertos; en las matanzas obreras perpetradas por las Fuerzas Armadas y policiales en 1903 (Lota y Valparaíso), 1905 (Santiago), 1906 (Antofagasta), 1907 (Iquique), 1919 (Puerto Natales), 1920 (Punta Arenas), 1921 (San Gregorio) y 1925 (La Coruña).

También pusieron su espada sobre la balanza los militares en 1924 y 1925 para cambiar el cuadro político e inaugurar una nueva forma de dominación destinada a contener el movimiento popular. Volvieron a intervenir en el proceso ciudadano, aunque de modo no sangriento, entre 1924 y 1931, cuando deshicieron, reprimieron y marginaron bajo el mando del general Altamirano y del coronel Ibáñez todos los movimientos sociales (que configuraban la mayoría absoluta de la población) que exigían un Estado con preocupaciones sociales e industrialista, para imponer, en contraposición a eso, un Estado presidencialista, copia en muchos aspectos del establecido en 1833. En defensa de ese mismo Estado, las Fuerzas Armadas y policiales intervinieron violentamente en 1931 (“Pascua trágica” de Copiapó y Vallenar), 1934 (matanza de campesinos en Ranquil y Lonquimay, Alto Bío-Bío), 1938 (matanza del Seguro Obrero), 1939 (el “ariostazo” contra el gobierno del Frente Popular), 1946 (masacre de la Plaza Bulnes), 1957 (represión a las jornadas del 2 y 3 de abril), 1962 (masacre de la Población José María Caro de Santiago), 1966 (masacre del mineral El Salvador), 1969 (matanza de Puerto Montt) y en varios paros nacionales de trabajadores para someter a los movimientos populares.

Y no es necesario recordar su intervención en 1973, que aplastó brutalmente a la Izquierda (la cual sumaba en marzo de ese año el 43 % de la votación nacional) y al movimiento popular, para construir luego el Estado Neoliberal más extremista que existe en el mundo, y a costa de la represión más brutal conocida en Chile. Es evidente que las Fuerzas Armadas nacionales han actuado como una cuña divisoria en la comunidad ciudadana, al poner siempre su poder de fuego en apoyo de un mismo bando (oligárquico y librecambista), destruyendo por la violencia el bando opositor y su proyecto histórico respectivo. Así, han convertido, por la fuerza de las armas, a la comunidad ciudadana en una dicotomía de ganadores y perdedores, con el agregado de que estos últimos han constituido, de modo normal, la fuerza electoral mayoritaria (lo fueron los pipiolos contra Diego Portales, los liberales contra Manuel Montt, el movimiento popular contra Arturo Alessandri en 1924; lo fueron los demócratas y socialistas entre 1968 y 1973 y también, no obstante sus victorias electorales, los demócratas en general contra Augusto Pinochet y sus partidarios desde 1988). De este modo, la memoria histórica de los chilenos ha sido, oficialmente y por la fuerza, escindida una y otra vez entre una memoria de vencedores (que han sido minorías) y otra de vencidos (que han sido mayorías). No es extraño, por tanto, que el Juicio de la Historia haya tendido a configurarse, no como la memoria (monumental) de lo hecho “colectivamente” por una comunidad de ciudadanos soberanos, sino como un pasado sujeto a un ácido debate entre juicios que renuevan una y otra vez los mitos de la victoria y juicios mayoritarios que no pueden ser sino críticos, contestatarios y finalmente revolucionarios de los ciudadanos gravemente vulnerados por dicho golpe de victoria.

 

Los juicios de mitificación de los ganadores han esculpido siempre (con proverbial rudeza, pero infaltable éxito) el perfil de los “héroes de la patria” (cuyo rasgo común es haber sido dictatoriales y anti-demócratas, como fueron O”Higgins, Portales, Montt, Alessandri y Pinochet) y difundido por doquier la ideología suprema del “orden legal” (que no conlleva necesariamente la legitimidad) dictatorialmente establecido en su origen. Al revés de ellos, los juicios críticos y revolucionarios de los perdedores no han logrado esculpir héroes nacionales (excepto los Presidentes empujados al suicidio) ni “estados de derecho”, pero sí han dado vida a una persistente cultura libertaria, como también a una tradición de heroísmo (e incluso martirio) social, que llena de sinergia las profundidades populares de la historia de Chile desde 1830 hasta el día de hoy. Para los perdedores, el Juicio de la Historia, por tanto, no es cuestión de mitos, ni materia de héroes, ni de estatuas, ni de defensa tenaz de constituciones políticas, sino un problema de resistencia, acción, creación, proyección y construcción (eficaz) de un sistema social más justo e igualitario. O sea: se trata de un proceso abierto, que convoca cada vez más a los chilenos dispuestos a hacer valer su poder soberano.

La tendencia de los ganadores a imponer –a golpe de arma, a como dé lugar– los juicios de mitificación que tienen por objetivo legalizar la obra de una dictadura militar ha quedado en especial evidencia en los últimos años. Ha sido el mismo Ejército el que ha iniciado, una vez más, respecto de Pinochet, la imposición de esos juicios. Así, por ejemplo, el 5 de enero de 1996, el Alto Mando Institucional dejó constancia del siguiente Acuerdo Solemne: “ACUERDO SOLEMNE En Santiago, a cinco días del mes de enero del año 1996, y por decisión unánime de sus miembros, convocados a reunión por el Sr. Comandante en Jefe del Ejército Subrogante, Mayor General Guillermo Garín Aguirre, el Alto Mando Institucional ha concordado en dejar constancia escrita de los sentimientos de invariable respeto, irrestricta lealtad, afecto y especial deferencia hacia la Máxima Autoridad del Ejército de Chile, CAPITÁN GENERAL AUGUSTO PINOCHET UGARTE; sentimientos que les inspiran para que, en los años venideros, mantengan una constante preocupación por las necesidades que le asistan en su diario quehacer, conservando toda la actual estructura de apoyo que corresponde a una autoridad de tan alta investidura. Todo ello tiene su cimiento y aliciente, en el merecido reconocimiento que todo subalterno debe testimoniar a quien es, ya, una de las figuras más relevantes de la historia patria, por sus dotes de Soldado, Estadista y Servidor Público, y que, además, pasará a formar parte de la galería de personajes más ilustres y distinguidos del siglo que nos deja”. Firman el General Guillermo Garín y 43 otros generales.

El “Acuerdo Solemne” adoptado por el Alto Mando del Ejército de Chile en enero de 1996 es un ejemplo perfecto de cómo se construyen en Chile los “juicios de mitificación” y, también, de cómo el poder de fuego de la Nación (como “estructura de apoyo”) respalda la figura de un dictador, no sólo para que éste ingrese sano y salvo a “la galería de personajes más ilustres… de la historia patria”, sino también para que su obra –en este caso, el sistema neoliberal– pueda, por lo mismo, prevalecer contra los victimados, los jueces y los actuales opositores. El “Acuerdo Solemne” fue no sólo una salvaguarda militar para evitar que la justicia formal condenara al dictador, asegurando su total impunidad, sino también para prevenir el Juicio de la Historia que puedan desarrollar los victimados y detractores contra la herencia que él dejó. En un sentido estrictamente histórico, el “Acuerdo Solemne” fue otro golpe de fuerza, ya no contra las personas de los perdedores y opositores, sino contra la memoria de éstos, y contra la revitalización de su soberanía.

Del mismo modo que el golpe militar de 1973 conglomeró en torno suyo a una excitada masa de civiles “seguidores” y “pinochetistas”, el reservado pero ostensible “Acuerdo Solemne” de 1996 los ha ido reuniendo de nuevo, esta vez para cantar a coro la mitificación del dictador y la perdurabilidad de “su” obra. Lo cual ha sido especialmente evidente tras la muerte de Augusto Pinochet, el 10 de diciembre de 2006 (Día Internacional de los Derechos Humanos). Detéctese esa armonía coral en las declaraciones que siguen:

- Sergio de Castro (Ministro de Economía 1975-1976 y de Hacienda 1976-1982, a El Mercurio, el 11 de diciembre de 2006, D2): Augusto Pinochet “fue un hombre de inteligencia superior… Su gran capacidad para tomar decisiones rápidas… le indicó aguardar el momento propicio para deponer al gobierno de la Unidad Popular… Su inteligencia analítica… le permitió captar rápidamente que en vez de producir para no importar… había que importar para poder exportar… Fue el mejor estadista de Chile del siglo XX”.

- Hermógenes Pérez de Arce al mismo diario y el mismo día: La imagen de Pinochet “desborda la capacidad de perspectiva de sus contemporáneos… La economía abierta, las privatizaciones, la reforma provisional, la laboral y la minera fueron políticas suyas admiradas e imitadas… Su Constitución de 1980, aprobada por el pueblo, le dio un mandato adicional de ocho años, por lo cual mal puede ser llamado “dictador”… Fue el estadista chileno más importante y exitoso del siglo XX”.

- Hernán Büchi (Ministro de Hacienda 1985-1989 a El Mercurio, Santiago, 12 de diciembre de 2006, B2): Augusto Pinochet: “Demostró que era un verdadero estadista y… enfrentó la compleja tarea de refundar la economía chilena… Nadie esperaba del Presidente Pinochet y de su gobierno que refundara la economía chilena. Sin embargo, lo hizo y su obra explica nuestros éxitos posteriores… El gran acierto de la Concertación ha sido que ha mantenido las bases de una economía libre como la que entregó el gobierno militar”.

- Por su parte, en una declaración, la Sociedad de Fomento Fabril y la Confederación de la Producción y el Comercio, dijeron (La Nación, Santiago, 12 de diciembre de 2006, p.10): “Los industriales de Chile creemos relevante reconocer y valorar la importante contribución que en materia económica realizó el Gobierno del general Pinochet en aras a ordenar una economía que estaba desarticulada y semidestruida a comienzos de la década de los años“70”.

- General ® Toro Dávila (El Mercurio, Santiago, 13 de diciembre de 2006, C9):
“Como Presidente de la República, aplicó medidas ingeniosas, las que permitieron salir del caos y alcanzar mejores niveles de vida de la sociedad chilena… Será recordado como uno de los grandes estadistas del siglo XX”.

- Carlos Cáceres, Ministro de Hacienda 1983-1984 y del Interior 1988-1990, (El Mercurio, Santiago, 11 de diciembre de 2006, B24): “El legado que dejó Pinochet fue “la modernización que realizó del país y que se expresó en la apertura de espacios de oportunidad para todos los chilenos. Fue una transformación profunda de las instituciones del Estado, de la sociedad que, estoy seguro, va a perdurar a través del tiempo”.

La lista de estos juicios podría alargarse, pero su lógica general está clara: Augusto Pinochet concentró en sí mismo y encarnó por completo el protagonismo y la autoría de todo lo positivo del “orden neoliberal” que el conjunto de las Fuerzas Armadas impuso al país con la ayuda y colaboración de centenares de técnicos, economistas, políticos y empresarios (chilenos y extranjeros), quienes, desde antes del golpe militar, habían prediseñado y clamado por el advenimiento de “ese” orden. Es evidente que estos juicios “sobrecargan” a Pinochet todos los “ajustes estructurales” aplicados en Chile entre 1973 y 1990 y toda la bonanza económica posterior a 1990, pero ninguno de los innumerables crímenes perpetrados durante los 17 años de dictadura. La mitificación de un dictador necesita que éste fagocite en su imagen histórica todas las “obras buenas” ocurridas en su tiempo, pero que expela a la vez toda la excreta humana de sus abusos: el héroe debe ser purificado, incluso de sí mismo. La fuerza de esta fagocitación (personalización) es tan extrema, que llevó y lleva a ignorar las Fuerzas Armadas como institución dictatorial, y a subsumir en el anonimato histórico a todos sus colaboradores civiles. Nótese que Sergio de Castro, Hernán Büchi, Carlos Cáceres –lo mismo que otros– prefieren deslavar su propia contribución histórica y hacer tabla rasa de sus propias obras para atribuir a Pinochet lo que éste no hizo: la construcción “técnica” del orden neoliberal. Es que la tarea de mitificar para la posteridad la figura de un dictador requiere del eclipse colectivo de todos sus colaboradores, de cara a esa misma posteridad. Exige vaciarse de la conciencia propia para hacer de “él” (el Tata, o el Führer) el único gran protagonista de la historia. También exige ofrendar al héroe la identidad y las capacidades propias a través de un ritual fascista que necesita repetir frases de liturgia y ejecutar gesticulaciones que están más cerca de la histeria colectiva que del espíritu cívico de la verdadera ciudadanía. Algo que en los días posteriores a su deceso los seguidores de Pinochet exhibieron hasta la saciedad en los noticiarios de la TV. JUSTIFICAR: MITIFICAR: PERSONALIZAR

La mitificación de un dictador, en tanto requiere extirpar su lado oscuro (o sea: su lado anti-cívico), deforma y maquilla su identidad verdadera, retuerce y cercena su ser real para mostrar la efigie histórica que sus seguidores (más que él mismo, tras su muerte) necesitan, para escudar sus afanes de privilegio anti-democrático. En suma: “miente”. La labor de la Ciencia Histórica de filiación ciudadana (no mitificadora) consiste, por el contrario, en devolver al César (Pinochet) lo que es del César, y a Dios (el proceso histórico) lo que es de Dios. “Los hombres hacen la historia”, afirmaba Treitschke. “Depende de qué hombres estamos hablando –rectificarían algunos historiadores de oligárquica perspectiva– pues las elites vencedoras son las que, en realidad, la hacen”. Ni los unos ni las otras – terciaría en este punto Georg Friedrich Hegel– pues todos ellos no son más que “instrumentos de los ardides de la razón histórica”. “O de la tiranía de los procesos estructurales de larga duración” responderían a coro Friedrich Engels y Fernand Braudel. A decir verdad, los sujetos históricos actuamos condicionados por los procesos, las coyunturas, las oportunidades, las situaciones y los contextos.

a) El contexto global: Chile, campo de experimentación Hoy es ya un hecho sabido que la crisis de la democracia chilena del período 1938-73 y la dictadura militar del período 1973-1990 tuvieron lugar dentro de un proceso mundial específico: el colapso del modo de acumulación “industrial-fordista” (base económica común de los regímenes liberal-keynesiano de Estados Unidos, socialdemócrata de Europa Occidental, “socialista”-estatal de la Unión Soviética y nacional-desarrollista de América Latina) y el consiguiente triunfo globalizado del modo de acumulación “neoliberal post-industrial”. Existe consenso acerca de que el punto de quiebre de ese proceso se dio entre 1973 (inicio de la crisis petrolera) y el desbarajuste financiero y monetario mundial de 1982 (“stagflation”). Dicha crisis fue el resultado inevitable del carácter inflacionario del modo de acumulación “industrial-fordista”, de la lucha de clases que ese carácter inflacionario encendía en el plano social, del eventual conflicto termonuclear entre los dos gigantes industriales desarrollados (el Este contra el Oeste) y de la creciente marea revolucionaria promovida por los enanos industriales sub-desarrollados (Tercer Mundo), además del enorme déficit que Estados Unidos exhibía en su balanza de pagos a causa de “los gastos del Imperio”, todo lo cual configuraba un cuadro explosivo que hacía presagiar una incontrolable crisis mundial, coronada por el holocausto nuclear de toda la humanidad (según previó el papa Juan XXIII en su Encíclica Pacem in Terris).

Ante esa creciente perspectiva, varios centros académicos iniciaron el estudio de tales tendencias, preocupados por la forma que pudiese adoptar su desenlace final. Fue el caso –entre varios otros– del grupo de intelectuales que se reunía en Mont Pelerin, encabezados por F. Hayek, y de los economistas de la Universidad de Chicago, liderados por M. Friedman. Todos ellos procuraban construir un modelo alternativo (de retorno a la ortodoxia librecambista) a los sistemas implementados a mediados de la década de 1950 por la Unión Soviética, a los propuestos por J. M. Keynes a los países democráticos de Occidente, por la CEPAL a América Latina, y por la Conferencia de Bretton Woods (1944) a todo el mundo, todos los cuales se sustentaban de un modo u otro en el control regulador del Estado sobre el Mercado y en la planificación central del desarrollo, la modernización, e incluso del conflicto. Dichos grupos temían especialmente al hecho de que los economistas de todo el mundo –y en particular los de América Latina– habían abandonado en posguerra los principios liberales, hechizados por las doctrinas de J. M. Keynes y R. Prebisch. Esto era particularmente evidente en Chile, que, siendo un país democrático con un fuerte movimiento popular, era considerado un país “mal estudiado” (Kalman Silvert).

Es sintomático que la Universidad de Chicago se haya movido desde fines de la década de 1950 para enviar a Chile académicos que no sólo dictaran cursos, sino que también investigaran la evolución económica y política del país y, además, sugirieran el modo en que debían realizarse los “ajustes estructurales” que los economistas de esa Universidad y los del Fondo Monetario Internacional proponían. Es significativo que Chile fuera el único país del Tercer Mundo “intervenido” por esa Universidad para realizar dicha tarea y formar por añadidura una camada de jóvenes economistas capaces de realizarla. Debe agregarse que, aparte del convenio firmado entre la Universidad de Chicago y el Instituto de Economía de la Universidad Católica, hubo otras intervenciones académicas del mismo tipo: las planificadas por la CIA en la década de 1960 (fue el caso, por ejemplo, del frustrado “Plan Camelot”) con el objetivo de medir el grado de “explosividad revolucionaria” del pueblo chileno (sobre todo de los pobladores), como también las centenares de tesis doctorales que apuntaban a examinar la sociología política de los diferentes partidos y actores sociales. A mediados de 1960 ya existía en Estados Unidos un diagnóstico completo acerca del proceso chileno, aparte de la sugerente recomendación planteada por Tom Davis (profesor de Chicago visitante en la Universidad Católica) en 1962: el desarrollo de la acumulación capitalista en Chile sólo podía realizarse si se eliminaba de raíz el sistema previsional de entonces (que favorecía al trabajador y no al patrón), eliminación que, si no podía hacerse por vía democrática (lo que era imposible), recomendaba hacerlo por otros medios. Sólo esa eliminación podría garantizar la formación de un liberal mercado de capitales en el país. En Chile la crisis del modo de acumulación “industrial-fordista” se aceleró durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens, que realizaron radicales reformas estructurales en la línea recomendada por CEPAL (dentro de la ley y bajo un sistema democrático de masas), con la inevitable agudización de la inflación, el estancamiento de la productividad (en ausencia de importaciones de bienes de capital), la agitación callejera, y la nula cooperación norteamericana para evitar todo eso. De este modo, en Chile la crisis estalló en 1973, diez años antes que en el resto del mundo (lo que ocurrió en 1982). Hay abrumadoras evidencias de que Estados Unidos colaboró de modo activo para que la crisis, en su dimensión golpista, se precipitara. No bien la dictadura militar logró estabilizarse (hacia 1976), los Chicago Boys entraron en escena, lo mismo que su jefe: Milton Friedman. Por cierto, con el beneplácito del Fondo Monetario Internacional. No fue difícil convencer a la Junta Militar del programa neoliberal que, desde 1960, había sido pre-diseñado para Chile. Tom Davis, Jorge Cauas, Sergio de Castro, Luis Escobar Cerda, Hernán Büchi, Carlos Cáceres, Martín Costabal, Miguel Kast, Alvaro Bardón, José Piñera, Pablo Barahona y otros economistas, fueron los principales artífices, intérpretes y ejecutores de ese programa.

Mal puede atribuirse a la “inteligencia superior” de Augusto Pinochet el diseño, la confección, la aplicación (podría pensarse, incluso, la “comprensión”) de ese programa. Chile fue, desde antes de 1973, un laboratorio de experimentación para los “ajustes estructurales” de tipo neoliberal. Por eso mismo, sólo después que la economía nacional comenzó a dar indicios de reactivación (tres o cuatro años después de la crisis de 1982, la cual había forzado a la dictadura a utilizar el Estado para salvar el sistema bancario), el capitalismo transnacional comenzó a interesarse en él y a “pensar” en invertir allí. Pero no lo hizo todavía: hacia 1985-86 las jornadas nacionales de protesta tenían arrinconada la dictadura (hubo incluso un atentado contra Pinochet) y el riesgo de que se produjera un retorno al populismo o al socialismo, con naufragio del “experimento neoliberal”, era inminente. El único modo de salvarlo –tanto para Ronald Reagan como para Margaret Thatcher era de una importancia capital que ese experimento tuviese éxito en Chile– consistía en que la dictadura neoliberal diese paso a la democracia neoliberal. De ahí que todo el mundo capitalista ejerció una fuerte presión sobre Pinochet, no sólo por la violación de los derechos humanos, sino también –lo que era de mayor importancia estratégica– para que se negociara una transición a la democracia sin modificar un ápice el modelo neoliberal. Numerosos líderes socialdemócratas (que habían decidido ya que era urgente abandonar o reformar el modelo “industrial-fordista”, lo mismo que el “socialismo real”) apoyaron entonces a los políticos civiles chilenos para que se comprometieran en una “transición pactada”. Y éstos, comprendiendo al punto que serían ellos los que administrarían un modelo que tendría un respaldo mundial, no dudaron un segundo en aceptar lo que se les propuso. Así, consumado el experimento a un punto en que se vislumbraban probabilidades de éxito, se efectuó la negociación, se cantó “la alegría ya viene” y, por fin, retornó la democracia al país. No es extraño entonces que, desde 1993, aproximadamente, comenzara a llegar a raudales el capital extranjero –en una magnitud que no había ocurrido durante la dictadura– asegurando por tanto el éxito triunfal del modelo neoliberal instalado en Chile. Era la guinda de una torta construida a gran costo. Encandilados, los políticos de la Concertación creyeron, incluso, que habían salvado al país en todos los planos.
No fue Augusto Pinochet, por tanto, quien diseñó el modelo neoliberal para Chile (sino la Universidad de Chicago, sus Boys y el FMI), ni fue quien aseguró su éxito económico posterior (sino la llegada masiva del capital extranjero 20 años después del golpe), ni fue quien por sí mismo decidió entregar el poder para dar paso a la democracia (no tenía alternativa, al estar cogido entre dos fuegos: en el interno, por las 22 jornadas nacionales de protesta que luchaban por su caída, y en el externo, por el capitalismo transnacional, que presionaba para que democratizara el modelo neoliberal), ni fue quien realmente legitimó como democracia el dicho modelo (ha sido la Concertación de Partidos por la Democracia). Todos saben que, por él mismo, Pinochet habría desconocido el resultado del plebiscito de 1988, para seguir gobernando dictatorialmente otros ocho años. Fueron los otros miembros de la Junta Militar, más conscientes del callejón sin salida en que se hallaban, los que impidieron que eso ocurriera.

En una perspectiva histórica mundial, Pinochet no fue más que un instrumento en la ejecución de la tarea sucia que Tom Davis había previsto como indispensable en el experimento neoliberal: eliminar en Chile, por la violencia, el sistema provisional pro-trabajador y a todos sus defensores, para levantar sobre sus ruinas el indispensable mercado liberal de capitales. Pinochet, efectivamente, hizo eso, pero con una saña que superó en brutalidad todo lo previsto por los promotores superiores del modelo, y no sólo por un afán de eficiencia, sino –no cabe duda– por el placer dictatorial de hacerlo y para asegurar su propio poder personal. En otras palabras: se creyó el papel que le asignaban hasta en lo más íntimo de sí mismo. Su frialdad, soberbia y la nula conciencia moral con que lo asumió, así lo demuestran. Y que superó en brutalidad metodológica lo previsto por los reales dueños del experimento, lo revela el hecho de que todos los líderes democráticos (y hasta algunos tiranuelos) lo repelieron (como sucedió con sus bochornosos viajes a España, a Filipinas y su encarcelamiento posterior en Londres).
Vivió, sin percibirlo, en el centro de un enorme vacío internacional; el cual se abrió de nuevo, condenatorio y unánime, después de su muerte. Fue un dictador genocida “por encargo”, pero él se tomó en serio la tarea, envaneciéndose de ella, tanto, que nunca comprendió que no era más que un mero instrumento en “los ardides de la historia universal”.

 

Lo grave sería que las Fuerzas Armadas de Chile siguieran siendo dóciles instrumentos en manos de tales ardides.

b) Dictadura + Ley = ¿Democracia? Los procesos históricos son dialécticos y a menudo entrelazan en un tenso nudo político a fuerzas y movimientos opuestos, lo que ocurre, principalmente, en el plano estructural en que circulan las elites. Esto ha acontecido en Chile, sobre todo, entre las elites civiles y militares que han representado habitualmente los intereses del sector oligárquico de la población y las elites civiles que han representado normalmente las necesidades e intereses de los dos tercios populares de la misma (entre 48 % como mínimo y 68 % como máximo). Pues ha ocurrido que, por la intervención unilateral y fraccionalista de los militares, la minoría ha logrado imponer siempre el tipo de Estado y el tipo de Constitución que mejor interpreta sus intereses, sistema que, al concluir el período dictatorial o de “excepción”, de modo inevitable (legal) pasa a ser administrado por el bloque de mayoría, que triunfa invariablemente en las elecciones normales. Ocurrió eso al constituirse el Estado independiente durante la dictadura de O’Higgins (que repelió los procesos electorales), quien fue depuesto en 1823 por la mayoría liberal, que gobernó el país hasta 1829 sin que hubiera podido establecer un régimen político democrático, por oposición de los pelucones. Sucedió de nuevo con la imposición del Estado Autoritario (oligárquico-pelucón) tras el golpe militar de 1830 (encabezado por Diego Portales y Joaquín Prieto), sistema que, después de las rebeliones armadas de 1851 y 1859, pasó a ser gobernado por la “fusión liberalconservadora”, la que, sin cambiar la Constitución de 1833, parlamentarizó (desarticuló) el Estado Autoritario de Portales. Ocurrió por tercera vez con el Estado Liberal Presidencialista que el golpe militar de 1925 y la dictadura protegida de Arturo Alessandri Palma impusieron a las mayorías ciudadanas, las cuales, después de 1938, comenzaron a administrar ese Estado Liberal en una dirección desarrollista y revolucionaria, sin cambiar la Constitución de 1925. Ocurrió de nuevo, por cuarta vez, cuando, desde 1990, la Concertación de Partidos por la Democracia (formada por políticos y ciudadanos contrarios a la Dictadura y partidarios de un Estado Nacional- Populista en el pasado), que recibe el 60 % de la votación, comenzó a administrar el sistema neoliberal heredado de la dictadura, sin cambiar en sustancia la Constitución de 1980.

Es imposible no concluir que las elites políticas y militares en Chile, pese a sus visiones aparentemente contrapuestas sobre el proyecto-país, han actuado siempre dentro de una “alianza dialéctica”, de facto, y del siguiente modo: por un lado, esa alianza se mueve en el sentido de, primero, excluir a la ciudadanía de la toma de decisiones cuando hay que construir dictatorialmente el Estado y, después, integrarla cuando hay que administrarlo tal cual quedó establecido por la Constitución dictatorial. También trabaja, por otro lado, para asegurar la construcción y permanencia de un sistema de dominación, que adquiere distintas formas y que satisface los intereses de la minoría (nacional y extranjera) y subordina o pospone los de la mayoría (popular). Dicha alianza procede generalmente bajo formas de acción más o menos recurrentes: a) los militares dan el golpe, estructuran constitucionalmente el Estado y el Mercado con ayuda de su contraparte civil (la derecha empresarial y política), y luego se retiran, para asumir su proclamado “rol profesional” de expectativa, mientras, b) los “demócratas” se oponen ostensiblemente a todo golpismo (pero son derrotados sin falta), aceptan administrar –según la Constitución que encuentra ya hecha– el Estado que les traspasa su socio golpista y, al administrarlo, promueven públicamente su perfeccionamiento ”democrático”. Lo que harán con mucha publicidad hasta el momento en que el electorado mayoritario que los apoya exige ir más allá de los “mejoramientos cosméticos” (que nunca han resuelto ningún problema de fondo), para ir a cambios “estructurales”.

Claramente, todos los actores (de elite) involucrados en esta historia juegan a las escondidas: aparecen en el espacio público, hacen valer con gran aparato su presencia, pero luego se eclipsan, para que “el otro” ocupe libremente el escenario y desempeñe lo que sabe hacer. Uno (la camarilla militar golpista) quiere convencernos de que es lo que realmente “es” cuando no está arriba del escenario constitucional del poder; el otro (los administradores de la política “democrática”), que “es” lo que es, tanto cuando habla contra el golpismo, como cuando está legalmente administrando la herencia golpista arriba del escenario. Pero ninguno quiere ser, públicamente, lo que realmente “son” cuando construyen ese escenario (uno con violencia, el otro con oportunismo administrativo). Se trata de un juego de máscaras destinado a confundir al “espectador” (en este caso, la ciudadanía). La astuta sabiduría histórica de las “dirigencias” que sólo se representan a sí mismas.

Es “otro” de los ardides de la historia. Se trata, en este caso, de la lógica interna del proceso socio-político específicamente chileno. De la sombra política producida por una economía nacional que no ha sabido ser otra cosa que un apéndice del gran capital extranjero, imperialista o globalizado. La dictadura de Pinochet quedó cogida en esa lógica. El proceso histórico de larga duración (en el que campean ardides de todo tipo) pasó por encima de todos los que creyeron alcanzar el “fin de la historia”. O la cima suprema de la “segunda independencia”.

A su pesar, Pinochet debió dejar el escenario a los demócratas” y la Constitución Neoliberal de 1980 debía desempeñar (y desempeñó) el doble papel de, por un lado, institucionalizar y legalizar políticamente el modelo económico neoliberal que necesitaba universalizar el nuevo capital internacional (ya no el industrial, sino el financiero) y, por otro, levantar un biombo de apariencia cívica que encubriera la retirada (ordenada) de los militares y destapara el retorno (triunfal) de los “demócratas”. La redacción de ese texto clave, tanto en su contenido como en su forma, no surgió, por cierto, del cerebro de Pinochet, sino del simposio colectivo que formaron Jaime Guzmán, Enrique Ortúzar, Alejandro Silva Bascuñán, Jorge Alessandri Rodríguez, Enrique Evans de la Cuadra y otros. Es decir: algo así como una docena de técnicos en leyes, todos de plena confianza de los militares golpistas. Tal como ocurrió en las “constituyentes” de 1833 y de 1925. ¿Qué podían plebiscitar los ciudadanos de antaño y hogaño ante un texto cerrado, concluido y vigilado con fusiles? ¿Qué es lo que, dentro de todo lo anterior, efectivamente hizo Pinochet en tanto que Pinochet? Fundamentalmente, dar voces de mando: “¡ejecútese bien lo que se me ha propuesto! ¡Y elimínese al que se oponga!”. Sin duda, sus consejeros deben haberle dicho que lo que él debía hacer no sólo era ganar la Guerra Fría en Chile, sino también superar los vicios del estatismo y reimponer las virtudes (perdidas) del Mercado. Y él asumió eso como una guerra contra el 60 % de los chilenos (más de la mitad de los cuales eran de Izquierda) que pudieran pensar otra cosa (“¡disciplina total, señores!”). Chilenos que, por no disciplinarse de ese modo, devinieron en su enemigo interno.

A quienes –por lo demás–, como a todo “enemigo”, no tenía para qué respetar sus derechos civiles (¿cuáles?), ni sus derechos humanos (¿es guerra o no?). Ya con ese casco de batalla, no se detuvo ante nada. No tuvo escrúpulos. Los que tampoco tuvo cuando se consideró con derecho a embolsar en su peculio familiar unos 28 millones de dólares (tampoco tuvieron escrúpulos el general Joaquín Prieto y el coronel Manuel Bulnes cuando Portales les transfirió $ 100.000 de la época para que “formaran” el ejército pelucón). Su corto alcance intelectual no le permitió entender las complejidades de los procesos históricos universales, salvo como una fácil guerra doméstica y como una oportunidad única de sacar ventajas y glorias para sí mismo. Por la misma razón, se ganó el desprestigio universal: el mundo capitalista no trabajaba para él, sino él, como peón de trabajo sucio, para ese mundo. ¡No confundir! Los “demócratas” (los liberales, radicales y democráticos entre 1860 y 1925; los radicales, socialistas, social cristianos y comunistas entre 1938 y 1973, y la Concertación desde 1990) ha tenido siempre, en la historia de Chile, una suerte de doble “misión imposible”: a) ser una alternativa democrática verbal cuando los militares entran, armados hasta los dientes, en campaña dictatorial y, b) intentar ser reformistas o revolucionarios sin cambiar la Constitución dictatorial, cuando los militares retornan, satisfechos, a sus barracas.

Así, ganan legitimidad y potencia futurista cuando no pueden hacer nada, y se mueven en medias tintas y reformas cosméticas cuando creen que pueden hacer algo. Viven inyectando en la ciudadanía mundos de esperanza, que después ellos mismos marchitan y frustran. Avanzan, por eso, en ciclos, que tienen una fase expansiva de regeneración ética y modernización técnica de la política, y otra depresiva, saturada de leyes y decretos que no generan beneficio real para las mayorías populares, pero sí brotes de corrupción. Si la dictadura militar reciente no pudo escapar del ardid histórico centenario de la política chilena ¿podrá hacerlo la Concertación? A fines de la pasada década de 1960, tras 25 o 30 años de gobierno, los “demócratas” estaban orgullosos por los indicadores del desarrollo social (no económico) de los chilenos, sobre todo porque beneficiaba a la “clase trabajadora”. Pero los indicadores económicos de entonces (que marcaron siempre estagnación o depresión) hicieron estallar la pólvora política lo suficiente para que, rockets de por medio, entraran los militares a dominar el escenario.

Y allí murió “esa” democracia. Hoy, 2007, tras 17 años de gobierno, los “demócratas” están orgullosos por los indicadores del desarrollo macro-económico del país (no social), sobre todo porque concita el aplauso del capital financiero internacional y, simultáneamente, del empresariado nacional (sin contar el vitoreo inútil de la barra “pinochetista”). Se sabe que los indicadores sociales –que hoy no están progresando–
están por de pronto amontonando bencina social y cultural, lo que augura la irrupción, si no de los rockets y Hawker Hunters de Gustavo Leigh, al menos el molotoverío de la agitación social.

Por eso, el estado actual del ardid histórico es (variables más, variables menos) éste: ¿podrá la Concertación hacer algo más que perfeccionar el perfil internacional del modelo neoliberal de la dictadura, antes de que el 50 o 55% que la apoya decida hacer algo más que las típicas (y truncas) agitaciones sociales del pasado? El modelo neoliberal, en sí mismo, ya no admite en Chile más perfeccionamiento neoliberal: ha llegado a ser el caso más ortodoxo y extremista del mundo. Si lo que le faltaba a ese modelo antes del gobierno de Ricardo Lagos eran tratados de libre comercio con las grandes potencias del mundo, hoy cuenta más de 50 países asociados bajo ese esquema (incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y van ahora Japón y China), y la suma sigue aumentando, mes a mes. Si durante la dictadura el capital extranjero mostraba reticencias, en la actualidad no sólo controla casi el 70 % de los rubros acumulativos más importantes, sino que su omnipresencia induce a los capitalistas chilenos a invertir sus ganancias en el extranjero (la inversión chilena en el exterior suma sobre 60.000 millones dólares, de los cuales la mitad corresponde a los fondos sociales de las AFPs).

Si las tasas de crecimiento anual fluctuaron hasta 1996 entre el 6 y el 7 % como promedio, hoy llegan con dificultad sobre el 4 o 5 %. Pero las ganancias privadas de las grandes empresas están sobrepasando regularmente el 35 % anual (tres veces sobre el promedio norteamericano y cuatro veces el japonés). La saturación del modelo neoliberal está produciendo, por todo eso, la aparición de capitales ociosos dentro del país (que se gastan construyendo edificios de departamentos y cadenas de malls, supermercados y farmacias), y la única solución que se ve a esa plétora es aumentar el límite de inversión de los fondos AFPs en el exterior, del 30 % que es hoy, a 80 % en tres años más (los empresarios quieren que sea en menos tiempo). No es extraño que los informes de las consultoras internacionales (Standard & Poor’s, por ejemplo) señalen que las exportaciones del país tienen poco valor agregado, y que el conjunto de la economía se debate en su incapacidad para producir tecnología. El modelo neoliberal es, en el fondo, primario-exportador y, como tal, llegó a su máximo desarrollo. No puede más. Está, como se dijo, en régimen de “meseta”. O sea, históricamente, en fase de espera. En lo económico, el modelo neoliberal en Chile tocó techo superior. No ocurre lo mismo con los indicadores sociales que, año a año, empeoran, aproximándose a ese punto mínimo donde se producen la ignición y la explosión. Una rápida revisión de esos indicadores puede ilustrar esta afirmación. En lo laboral: el 80 % de los chilenos trabaja para las pequeñas o medianas empresas (PYMES), no para las grandes empresas con alto estándar competitivo; el 93 % de los nuevos contratos de trabajo dura menos de 4 meses; el 75 % de los nuevos empleos corresponde a opciones de auto-empleo; el 45 % de los empleos corresponde a alguna forma de empleo precario (temporal, sin contrato y sin previsión); la distribución del ingreso aumenta año a año su desigualdad, llegando a ser la más injusta en siglo y medio y una de las peores del mundo, etc. Como resultado de esta situación laboral (algunos senadores “demócratas” proponen, además, eliminar la indemnización por despido, y compensarla con una previsión “solidaria”), cada vez menos chilenos quieren ser proveedores de familia y hogar. Tampoco puede extrañar que más del 45 % de los chilenos presente complicados síntomas neuróticos y que sobre el 40 % de ellos no entienden lo que leen (60 % de ellos no leyó ningún libro en el año 2005). ¿Cabe sorprenderse porque los niños callejeen y no aumenten sus puntajes en las pruebas SIMCE, ni bajo estándares chilenos, ni bajo los internacionales? ¿No es sorprendente que las autoridades no difundan por todas partes el informe de la comisión OCDE sobre la educación chilena, que concluyó que ésta es competitiva (no solidaria), mercantilista (no humanista) y clasista (no comunitaria)? Y no cabe sino extrañarse de que Paz Ciudadana se sorprenda porque, a pesar de que el modelo neoliberal culminó su desarrollo, la violencia y la tasa de delitos contra las perso